LOPD-GDD/ RGPD / UE 679/2016

Principalmente porque la privacidad de los datos personales es un Derecho Fundamental, y como tal se deduce de la Constitución Española en su artículo 18, apartado 4.

“La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.”

La complejidad legal, social, y tecnológica de los primeros periodos del siglo XXI han hecho necesario que los responsables de los datos en las empresas tangan que contar en muchas ocasiones con personas que puedan atender a todas las amenazas y riesgos que puedan afectar a la protección de datos sin afectar a la actividad de la empresa.

En ocasiones un DPD es OBLIGATORIO porque la ley fuerza a tenerlo y no disponer de este asesor supone un alto riesgo de sanciones.

De forma muy general, el Delegado de Protección de Datos es obligatorio cuando una organización se encuentre en alguna de estas situaciones:

• Trata de alguna forma datos de especial sensibilidad, como son los datos de salud (están exentos los profesionales que trabajen individualmente, por ejemplo, un psicólogo autónomo).
• Trata datos masivamente, como por ejemplo hacen las operadoras telefónicas.
• Hace ambas cosas, como los centros docentes, las aseguradoras, o las empresas de solvencia patrimonial.
• Presta servicios que puedan afectar a la economía de los usuarios de forma grave, como las entidades financieras, crediticias, de juego on-line, las de inversión bursátil, y similares.
• Presta servicios críticos a los ciudadanos de forma masiva, como las comercializadoras de energía.
• Realiza perfiles comerciales de clientes a gran escala o prospecciones masivas de marketing.
• Es una Federación deportiva de menores de edad.

De forma clara y exhaustiva, las actividades empresariales o no que requieren obligatoriamente un Delegado de Protección de Datos están en el Artículo 34 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que emana y traspone el texto de la norma europea.

La norma europea no obliga a que el DPO tenga un título concreto, ni a que sea abogado o graduado en derecho. La ley solo pide que tenga los conocimientos y experiencia necesarios y pueda acreditarlos, con lo que sin formación tampoco podría serlo cualquiera.

La razón de estos requisitos es que es la formación necesaria para atender la complejidad técnica, normativa, y de concienciación no compete a un solo ámbito. Los informáticos, por ejemplo, podrían atender con facilidad los aspectos tecnológicos, pero deberían formarse específicamente en los legales. Para los titulados en derecho, la situación es, a veces, la contraria. Su formación legal es adecuada, pero muchas veces carecen de base para los aspectos técnicos y de concienciación. Los aspectos relativos a la concienciación y formación suelen requerir de otros profesionales.

Se recomienda, eso sí, que el Delegado de Protección de Datos esté acreditado según el Esquema proporcionado por la Agencia Española de Protección de Datos.

Actualmente los Delegados de Protección de Datos y las entidades capaces de prestar este servicio pueden encontrarse con relativa facilidad usando cualquier buscador.

Tangente Consultores proporciona este servicio ya que su personal dispone de una amplia experiencia en Seguridad de la Información y ha superado con éxito las pruebas específicas con la entidad de certificación Bureau Veritas bajo el Esquema de Certificación de la Agencia Española de Protección de Datos. Bureau Veritas ha solicitado recientemente su acreditación definitiva.